Apuntes sobre los problemas de distribución y uso equitativos del agua: los intentos gubernamentales para privatizarla.

Por Carmen Anaí Jumtz y Erika M. Macedo

Como país estamos inmersos en un momento de convulsión. Sí, no sólo en el ámbito político en el que el principal móvil es la corrupción, pues económicamente enfrentamos severos índices de inflación, además de que somos una sociedad desgarrada por la delincuencia (perpetrada por el Estado mismo y organizaciones criminales) y la impunidad. Sin embargo, en la larga lista de problemáticas a las que tenemos que hacerle frente, no sólo se encuentran la mercantilización de la educación, las deficiencias del sistema de salud, el empobrecimiento de las clases más bajas, sino también la contaminación de los ecosistemas y el negocio en que se está convirtiendo la privatización de los recursos naturales, su concesión a quienes tengan los medios para adquirir tierras, petróleo y, en el aspecto que hoy nos ocupa, el agua.

La administración que hoy tiene en sus manos el poder político en México no es capaz de hacerle frente a estos aspectos, principalmente porque no está interesado en hacerlo. No tiene interés por lograr que los integrantes de la sociedad mexicana tengan las mismas oportunidades de educarse de manera integral y, si se decidiera hacerlo, acceder a una carrera universitaria; no está interesado en que se tengan condiciones laborales y salarios bien remunerados; no está interesado en hacer incluyente e igualitario el sistema de salud; no le interesa garantizar que tengamos una vida digna. La regla que se ha venido siguiendo desde hace algunas décadas, aunque ahora con mayor énfasis, es “el que pueda pagarlo que lo tenga”, el problema es que el grueso de la población ni siquiera tiene las condiciones para subsistir.

El paquete de reformas estructurales que se han puesto práctica durante los últimos dos años, encuentran su directriz en esa máxima. El discurso gubernamental que han utilizado para promover su aprobación (tanto en lo jurídico como en la percepción de la sociedad), no tiene justificación en la realidad cotidiana de cada uno de nosotros, tanto como en los intereses por beneficiar a ciertos grupos con poder económico. Tal es el caso de la llamada “Ley de Aguas” que se puso sobre la mesa del legislativo el pasado mes de marzo.[1]

Pese a que nos digan que dicha Ley es necesaria (tal como se presentó), lo cierto es que tiene diversos aspectos que no coinciden con las necesidades y problemáticas de diferentes lugares al acceder al uso del agua. Mientras que se coloca como la pieza faltante en el rompecabezas de las distintas reformas puestas en práctica casi desde el inicio del mandato de Enrique Peña Nieto.[2] Entre otras medidas, este proyecto de Ley plantea la posibilidad de verter agua contaminada al subsuelo sin antes ser tratada, lo que sería jurídicamente legal. Entre líneas y con un poco de perspicacia se puede leer FRACKING,[3] la ley de aguas se convierte en el perfecto instrumento que permite el negocio completo y sin consecuencias de ninguna índole para quienes vayan a practicar la extracción del gas shale.

Un aspecto más que ha encontrado comprensible oposición es el tema de la distribución de agua sólo a asentamientos reconocidos como tal, es decir, comunidades aisladas no tendrán derecho al uso del agua. Éste es también uno de los elementos controversiales: la ley de aguas deslinda responsabilidades del Estado, se las otorga a particulares como feudos personales y desconoce el acceso al agua como un derecho humano, recortando la cantidad de este líquido que cada ser humano puede consumir.[4]

Problemas para distribuir el agua

Por supuesto que garantizar la distribución a todos los habitantes representa un gran reto para las políticas públicas porque no se tienen los elementos necesarios para atender esta problemática, no hay mucho interés ni se cuenta con la infraestructura adecuada. La alternativa de solución es deslindar responsabilidades y de paso obtener ciertos beneficios de quienes se encuentran encumbrados en el poder económico.

La distribución del agua se inicia con la construcción de la infraestructura necesaria, como presas, tuberías, plantas potabilizadoras, pozos de extracción, entre muchas otras obras de ingeniería, lo que representa una enorme inversión monetaria, además de un alto impacto en el medio ambiente. Tomando como ejemplo el caso de la ciudad de México, por tener el problema de abastecimiento de agua más grave a nivel mundial, el agua que la abastece proviene de diversos cuerpos hídricos, algunos de ellos ubicados en el Estado de México, Michoacán, etc. Lo que implica la construcción de mega proyectos hidráulicos (trasvase del líquido) además de ello, significa disminuir el líquido a las personas que habitan en las zonas donde se extrae. La distribución del agua es ineficiente, sobre todo porque el 40% del líquido se pierde en fugas de las tuberías subterráneas, esto debido al hundimiento de la ciudad y la antigüedad de la infraestructura. Otro problema es el uso indiscriminado del líquido, particularmente los capitalinos estamos acostumbrados a abrir la llave y tener acceso a la cantidad de agua que “necesitemos”, muchas veces eso desemboca en el desperdicio y uso poco consciente de ella. Dentro de la ciudad la distribución es muy desigual, algunas delegaciones como Iztapalapa no tienen acceso a un suministro de agua constante y de calidad, lo que obedece a una política hídrica: “si puedes pagarla la suministraré”.

Otra situación que ejemplifica cómo se realiza la distribución del líquido en el país es la que enfrenta el pueblo yaqui, ya que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo explícito que no existe autorización para operar el acueducto Independencia, el cual se construyó para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, está ocasionando un daño irreparable para el pueblo y el medio ambiente. El caso sigue en la corte, los yaquis luchando por sobrevivir y el acueducto continúa operando.[5]

El caso más actual es la construcción del acueducto Monterrey VI, una obra que pretende llevar el agua del río Panuco a la ciudad de la que toma nombre el acueducto, el monto de la construcción se estima entre 13-17.6 mil millones de pesos (no existe claridad financiera al respecto). En torno a la construcción se han escuchado muchas opiniones, sobre si la obra es necesaria o no, lo único cierto es que será una grave alteración al ecosistema.

Entonces, ¿cómo asegurar que cada persona tenga acceso al vital líquido? No es una pregunta sencilla de responder, hasta ahora el abastecimiento se realiza bajo parámetros financieros. Lo cual como se observa en los casos anteriores no es del todo correcto, ya que el trasvase del líquido para abastecer a las ciudades daña de forma irreparable al medio ambiente.

Propuestas que han generado soluciones en diversos lugares, sobre todo aquellos que aun estando en la ciudad no son abastecidos de agua (cuestiones monetarias) es la captación de agua pluvial, la captación de niebla, el reúso del agua, etc, han podido suministrar el agua que las personas que habitan en esos lugares que la necesitan. El reto consiste en dotar de agua considerando las condiciones sociales, dar un trato igualitario como seres humanos y, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente; nada o muy poco de esto se considera en el proyecto de Ley de aguas.

Las propuestas no escuchadas

La Ley general de aguas que se presentó en marzo de este año no fue el único proyecto, un mes antes la diputada del PRD Aleida Alavez Ruiz presentó una propuesta distinta y, por mucho, más completa e integral que aquella que se llevó ante el Legislativo.[6] Con una visión más completa y social, este proyecto

representa una propuesta desde la ciudadanía de una Ley General de Aguas que sentaría “las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo las participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios así como la participación de la ciudadanía.”[7]

En su elaboración participaron alrededor de 420 especialistas en hidrología, hidrogeología y manejo de cuencas, en energéticos, contaminantes industriales y agrícolas y miembros de la sociedad civil. La principal consigna y objetivo de este proyecto plantea cambios importantes pero impostergables para poder enfrentar la grave crisis de calidad de agua que hoy en día representa la primera causa de muerte de niños mayores de 1 año y menores de 5 años, así como la de disponibilidad de los más de 11 millones de personas que no cuentan con acceso al agua potable y más de 39 millones de personas que no cuentan con un sistema de recolección de aguas residuales en sus hogares.[8]

Una propuesta con bases sociales más realistas que pretende hacer frente a los principales problemas de uso y distribución del vital líquido y que, sin embargo, no fue escuchada. Esto nos habla del poco interés, por parte de ciertos grupos políticos, para establecer medidas que resuelvan la situación que el país enfrenta en este aspecto. También nos ayuda a vislumbrar las prioridades de la clase política.

Actualmente, la Ley General de aguas presentada por partidarios priistas fue pospuesta, lo que no garantiza que no sea aprobada en el próximo periodo ordinario de sesiones del Legislativo, quizá se esté preparando el camino para aprobarla sin oposición de ningún tipo. Lo interesante es que el presidente de la Comisión de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, Gerardo Gaudiano Rovirosa, convocó a los ciudadanos a participar “en el análisis, evaluación y desarrollo del proyecto de Iniciativa de Ley General de Aguas,”[9] aunque no se garantiza que se respete el resultado de dicho proyecto de convocatoria, tal como sucedió con el anterior. El tema, debate, acuerdos, alianzas y, sobre todo, problemas continúan, el llamado es para mantenernos informados y participantes activos.

Consideraciones finales

La Ley de Aguas está “congelada” en la agenda del Legislativo, no así los problemas que día a día enfrentan miles de personas para acceder al vital líquido. Es innegable que necesitamos alternativas eficaces para distribuir equitativamente un recurso tan vital y necesario como lo es el agua. Sin embargo, esas propuestas no llegarán desde el ámbito público-político, cuyos intereses no alcanzan a enfrentar el reto social que significa garantizar el acceso a recursos naturales básicos para la subsistencia de los seres humanos, las alternativas de solución deben comenzar desde y con la sociedad organizada, informada, dispuesta a defender sus derechos y realizar un consumo responsable del líquido. Las propuestas de solución las necesitamos pronto, antes de que el riesgo de lograr lo que se intentó durante los meses pasados se convierta en hechos consolidados. No podemos confiar en la clase política, a quienes las demandas y problemáticas sociales no les interesa tanto como sus propias necesidades y/o las de sus allegados.

Por último, queremos apuntar que se requiere educación ambiental sobre el grave problema de agua, el medio ambiente no podrá resistir 50 años más de saqueo, es indispensable quitarle presión a través de tecnologías verdes. Particularmente, la captación de agua pluvial ha sido la respuesta más viable para muchas comunidades, dicha medida se ha consolidado como una solución ante los problemas de falta de agua potable y, paradójicamente, las inundaciones que aquejan con mucha intensidad a la ciudad de México. La captación pluvial es una primera propuesta, la cual es tan sólo un primer aspecto de un plan integral con miras a la sana distribución de agua; plan que debe considerar los aspectos sociales-específicos de cada comunidad, la geografía del lugar y la autosuficiencia de cada región, lo que garantizaría evitar quitarles a unos para darles a otros, los que tengan el dinero para garantizarse su uso:

el agua no es una mercancía ni un lujo, es un recurso de primera necesidad.

[1] La bibliografía al respecto es vasta, particularmente han sido periodistas y académicos quienes han levantado la voz en contra del proyecto que se publicó el 3 de marzo en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, misma que puede consultarse en la siguiente dirección: http://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/62/2015/mar/20150303-IX.pdf Este proyecto de Ley general de aguas nacionales ha ocasionado mucha polémica, específicamente por el aspecto de pretender privatizar dicho recurso. Al respecto, véase: Miguel Ángel Montoya, “Las Ley de aguas y las concesiones a los amigos del presidente”, en Homozapping, 22 de febrero de 2015. Recurso en línea: http://homozapping.com.mx/2015/02/la-ley-de-aguas-y-las-concesiones-a-los-amigos-del-presidente/?w3tc_note=pgcache_purge_post Consultado el 28 de marzo de 2015; Pedro Matías y Milton Martínez, “Ley de Aguas de Peña confirma el rostro autoritario del PRI: Aleida Alavez”, en Proceso, 9 de marzo de 2015. En línea: http://www.proceso.com.mx/?p=397982 Consultado el 28 de marzo de 2015; muestra de la postura de algunos académicos informados avezados  sobre el tema y los problemas de agua es el siguiente video: “El agua no se vende: académicos de la UNAM en contra de la privatización del agua”, https://www.youtube.com/watch?v=Z6Hk6l2IJ88 , el cual se encuentra en el canal de la Asamblea General de Posgrado UNAM en Youtube, consultado el 25 de marzo de 2015.

[2] Desde el año pasado se nos había presentado una primera advertencia de lo que se pretendía, véase Angélica Enciso L., “Buscan favorecer explotación de gas shale con cambios a la legislación sobre el agua”, en La Jornada, 10 de marzo de 2014. En línea: http://www.jornada.unam.mx/2014/03/10/politica/015n1pol Consultado el 27 de marzo de 2015.

[3] En un número anterior de esta publicación ya se abordaron brevemente algunas de las implicaciones del uso de este método de extracción de gas. Véase: Carmen Anaí Jumtz, “Shale gas, ¿solución energética o problema ambiental?”, en Los Heraldos Negros, núm. 4, Agosto 2014, pp. 17-18.

[4] “Nueva Ley de Aguas plantea reducir el líquido que le toca a cada mexicano”, en CNN México, 27 de marzo de 2015. En línea: http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/27/nueva-ley-de-aguas-plantea-reducir-el-liquido-que-le-toca-a-cada-mexicano También véase: Nayeli Roldán, “Estos son los puntos polémicos de la Ley General de Aguas”, en Animal Político, 5 de marzo de 2015. En línea: http://www.animalpolitico.com/2015/03/privatizar-el-agua-estos-son-5-puntos-de-la-ley-de-aguas-que-los-diputados-quieren-aprobar/ Consultado el 27 de marzo de 2015.

[5] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, “Decisión de la Suprema Corte sobre Acueducto Independencia no abona la legalidad en materia ambiental”, en CEMDA, 22 de enero de 2015. En línea: http://www.cemda.org.mx/01/decision-de-la-suprema-corte-sobre-acueducto-independencia-no-abona-a-la-legalidad-en-materia-ambiental/ Consultado el 27 de marzo de 2015.

[6] “Iniciativa que expide la Ley General de Aguas, a cargo de la diputada Aleida Alavez Ruiz, del Grupo Parlamentario del PRD”, en Gaceta Parlamentaria, año XVIII, número 4211-VI, martes 10 de febrero de 2015. En línea: http://gaceta.diputados.gob.mx/Gaceta/62/2015/feb/20150210-VI.html#Iniciativa1 Consultado el 27 de marzo de 2015.

[7] Ibid., p. 1.

[8] Ibid., p. 4.

[9] “Llama Congreso a presentar propuesta de Ley de Aguas”, en La Verdad, Villahermosa, 29 de marzo de 2015. En línea: http://www.la-verdad.com.mx/llama-congreso-presentar-propuesta-ley-aguas-57621.html Consultado el 29 de marzo de 2015.

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